De acuerdo con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas con 50 o más empleados deben cumplir con la obligación de establecer un canal de denuncias. La Ley de protección de denunciantes entró en vigor en España el 13 de marzo de 2023.
Además de esta normativa, existen otras leyes que obligan a las empresas a implementar un canal de denuncias, como el Código Penal, que requiere el canal de denuncias como parte del plan de prevención de delitos penales, la Ley de Igualdad dentro de los planes de igualdad, la Ley de Blanqueo de Capitales y la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia para empresas del ámbito deportivo, de ocio o educativo que tengan presencia de menores.
En cuanto a los plazos, las empresas con 250 o más empleados tendrán un período de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley de protección de denunciantes para implementar el canal de denuncias. Por otro lado, las empresas con entre 50 y 249 empleados tendrán tiempo hasta el 1 de diciembre de 2023 para establecer el canal de denuncias.
La normativa establece diversas sanciones por no tener un canal de denuncias, obstruir su funcionamiento o interferir con la labor de los administradores, violar la confidencialidad y el anonimato del canal o tomar represalias contra los denunciantes, entre otras acciones que están penalizadas.
Estas sanciones pueden aplicarse tanto a personas como a empresas, y en los casos de mayor gravedad, pueden llegar a alcanzar los 300.000 euros para las personas y el millón de euros para las empresas. Para más información consulta con nuestros asesores laborales para que estudien tu caso.
